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El 5 de julio de 2021, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, presentó ante la 47a sesión del Consejo de Derechos Humanos a su informe sobre la situación de los derechos humanos. La Alta Comisionada reiteró su compromiso, y el de su Oficina, de seguir prestando su apoyo a la plena realización de los derechos humanos en Venezuela.
Espera que las reformas de la policía y de la justicia, conduzcan a resultados significativos y eficaces. Si bien señaló que hay una tendencia a la baja de las muertes durante las protestas y las operaciones de seguridad, enfatizó que una sola muerte ya es demasiado. Destacó la continuación de las protestas ante un acceso cada vez más difícil a los servicios básicos, como la de los empleados del sector salud en contra de la falta de pago de sus salarios, insuficiencia de equipos de protección personal y sus condiciones insalubres de trabajo. Recordó que las muertes de trabajadores sanitarios representan más de una quinta parte del total de las muertes por COVID-19. Indicó que la vacunación debe ser accesible para todos.
Manifestó la urgencia de avanzar con los procesos judiciales por las muertes en las protestas de los últimos años. Sugirió que la consideración de la responsabilidad de la cadena de mando reflejaría la voluntad firme de sancionar a los perpetradores. La Alta Comisionada confía que pronto sus equipos puedan tener acceso a las audiencias judiciales de casos de violaciones de derechos humanos, al haber acordado con el Ministerio Público que estos tengan acceso a los expedientes.
Indicó que las condiciones de detención siguen siendo preocupantes, aún más con la pandemia de COVID-19, y clamó por garantizar a todas las personas privadas de libertad una alimentación adecuada, agua, saneamiento y atención sanitaria, de acuerdo con las “Reglas Mandela”. Instó a las autoridades a mantener una comunicación transparente y proactiva con familiares y defensas de los detenidos durante todo el proceso de cierre de los centros de detención gestionados por los servicios de inteligencia a centros con mejores condiciones, y su prontitud.
Mencionó que su equipo sostuvo entrevistas individuales y confidenciales a detenidos, por ejemplo la última semana de junio en el SEBIN, y visitó ocho estados, y 26 centros de detención. Saludó las 40 liberaciones y las medidas humanitarias de casos individuales documentados desde marzo. Solicitó que se estudien medidas alternativas para reducir el hacinamiento en los centros de detención, la prisión preventiva, y la aplicación de medidas humanitarias a los detenidos con patologías graves. Señaló sus preocupaciones continúas relacionadas con el debido proceso.
Bachelet llamó a garantizar un juicio justo, sin demoras indebidas, con acceso sin restricciones a una defensa de elección propia, con presunción de inocencia y un tribunal independiente, imparcial y transparente, garantías con las que se construye la confianza en el Sistema de Justicia. Aseveró que el reciente nombramiento del Consejo Electoral Nacional prepara el camino para las elecciones regionales y locales previstas para noviembre; y apoya las iniciativas de diálogo directo entre autoridades y sociedad civil, medidas necesarias para fomentar la confianza.
Resaltó que la estigmatización, criminalización y amenazas contra las voces disidentes son restricciones preocupantes del espacio cívico; tales como 97 incidentes con defensores de derechos humanos, varios acusados de delitos penales por formas legítimas de participación cívica. Destacó, como ejemplo preocupante, el arresto de tres miembros de FUNDAREDES tres días atrás. Solicitó en su intervención que se les permita el acceso urgente de abogados defensores de su elección. Instó a las autoridades a revisar la actual legislación en aspectos concretos sobre la imposición de una fiscalización desproporcionada a la sociedad civil, así como la vinculación de actividades humanitarias y de derechos humanos con el terrorismo.
Manifestó su disposición de acompañar la aplicación verdadera de reformas anunciadas para lograr mejoras concretas de los derechos humanos en Venezuela. Indicó que presentará una nueva actualización de su informe durante el mes de septiembre.
