La Coalición DDHH La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia
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Con la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por parte de la Asamblea Nacional, quedó claro que no hay una verdadera renovación del poder judicial en Venezuela. El sesenta por ciento de los jueces que estaban antes de estos nombramientos, repiten en el cargo y en el futuro cercano podrían contradecir a la propia Constitución de la República. Asimismo, debemos resaltar que algunos de los magistrados designados vienen de ejercer otros cargos en entidades pública de gobierno y que existen casos de magistrados suplentes que cuentan con mejores credenciales que los jueces titulares. Quizá lo único destacable es que el número de integrantes del máximo tribunal es nuevamente de veinte.
La directora de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Ana Leonor Acosta, indicó que las designaciones hechas por la Asamblea Nacional, corresponden a la promesa de Nicolás Maduro de reformar el poder judicial. “Esto responde a la presión internacional, acuerdos de cooperación o convenios de entendimiento que ha firmado el gobierno tanto con la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU Michelle Bachelet, como con la oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan, para mejorar el sistema de justicia”, manifestó.
Acosta recordó que desde el año 2014, ha sido cuestionado el accionar de la justicia con respecto al respeto a los derechos humanos y a las garantías judiciales. “Las denuncias que hemos venido haciendo desde las organizaciones de la sociedad civil y nuestra ONG, han tenido eco en el ámbito internacional en el momento en que, organismos multilaterales (CIDH, sistema universal de justicia, comités de la ONU, misión de determinación de hechos) han cuestionado el respeto a los derechos humanos en Venezuela. Qué significa esto, que el aparato de justicia en el país no está funcionando, que el órgano persecutor, el Ministerio Público, tampoco funciona ni actúa contra violaciones a los derechos humanos ni persigue a quienes cometen crímenes de lesa humanidad”, afirmó
“El aparato de justicia en el país no está funcionando, que el órgano persecutor, el Ministerio Público, tampoco funciona ni actúa contra violaciones a los derechos humanos ni persigue a quienes cometen crímenes de lesa humanidad”
Aseguró que los tribunales de la República, no cumplen con su única función que es la búsqueda de la verdad y hacer justicia. “Seguimos viendo y escuchando denuncias de torturas, retardo procesal y juicios injustos en general. Desde 2021, el gobierno de Nicolás Maduro comenzó con esta supuesta reforma que inicialmente modificó la Ley Orgánica del TSJ, con la cual se redujo el número de magistrados a veinte y que este 26 de abril terminó con una designación poco transparente y donde no hubo una participación adecuada de la sociedad civil”.
Ana Leonor Acosta indicó que esta escogencia se llevó prácticamente a puerta cerrada, donde no se pudo ver los baremos que establecieran los requisitos y puntajes que les iba asignando a cada uno de los participantes. Tampoco se conocían las listas de postulados. “Este martes pudimos conocer a los nuevos magistrados que como dice Acceso a la Justicia, 12 de ellos están repitiendo, lo que nos hace dudar sobre esa renovación del poder judicial, y nos llama la atención que dentro de los nuevos magistrados hay personas vinculadas a altos funcionarios del poder ejecutivo, al partido de gobierno (PSUV), y que no gozan de autonomía en lo que podrían ser sus futuras decisiones”.
Sin embargo, lo que más preocupa a la Coalición es la militarización de las salas del TSJ. “Nos Preocupan las credenciales de dos generales que fueron designados como magistrados, uno de ellos viene de ser presidente de la Corte Marcial y otro viene de ser Fiscal General militar. Este es un patrón que se repite en otras instancias gubernamentales, personal militar que, si bien están en situación de retiro, formaron parte del estamento militar y además ocupando importantes cargos”.
“Nos Preocupan las credenciales de dos generales que fueron designados como magistrados, uno de ellos viene de ser presidente de la Corte Marcial y otro viene de ser Fiscal General militar”
En los días que están por venir veremos cuál será el desempeño de estos jueces, lo que si podemos decir, es que este Tribunal Supremo está en deuda con la justicia. Todo lo que rodeó esta designación es de tonalidades oscuras, no fue bajo los estándares esperados. Pareciera que no se cumplió con lo exigido por la comunidad internacional. Lo que ocurrió con la designación de los magistrados, pudiera interpretarse como la repartición del poder en esta instancia judicial.
Desde la Coalición por los Derechos Humanos y la democracia, estaremos vigilantes ante el accionar del más alto tribunal de la República, y haciendo las denuncias a que haya ha lugar para no ser cómplices de injusticias en Venezuela.
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