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El pasado 16 de septiembre la Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de Hechos, concluyó en su segundo informe que el sistema de justicia en Venezuela es utilizado para perseguir y acallar a las voces opuestas a la Administración del Estado. “Las deficiencias del sistema de justicia han ido de la mano de un patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en el contexto de una política de Estado para silenciar, desalentar y sofocar la oposición al gobierno desde 2014”, dice el informe.
La misión basó sus determinaciones en 177 entrevistas, muchas de ellas con actores del sistema de justicia, así como en una encuesta a ex jueces, fiscales y abogados defensores venezolanos, y en un extenso análisis de miles de páginas de expedientes judiciales y otros documentos oficiales. También realizó un análisis detallado de 183 detenciones de opositores (153 hombres y 30 mujeres; aproximadamente la mitad de civiles y la mitad de militares) entre 2014 y agosto de 2021, y documentó las irregularidades que empañan todas las etapas del proceso penal.
“En medio de la profunda crisis de derechos humanos que atraviesa Venezuela, la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada, lo cual ha puesto en peligro su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
En el informe los funcionarios de la misión dejaron plasmado que, en Venezuela se pudieran haber cometido violaciones a los derechos humanos y crímenes amparados en la impunidad reinante. La misión revisó se encuentran los que documentó en 2020 que involucran a fuerzas de inteligencia del Estado que sometieron a detenidos de ambos sexos a desapariciones forzadas de corta duración, tortura, incluida la violencia sexual, y ejecuciones extrajudiciales. No se encontró evidencia de que funcionarias y funcionarios de alto nivel hayan sido investigados o procesados en estos casos, ni en ningún otro que haya investigado desde entonces.
“La abrumadora mayoría de las violaciones de los derechos humanos y los crímenes que documentamos anteriormente dirigidos a opositores y opositoras del gobierno no han dado lugar a investigaciones exhaustivas, enjuiciamientos y condenas de todas y todos los presuntos responsables,” aseguró Francisco Cox Vial, miembro de la Misión.
Los jueces y las juezas ordenaron la prisión preventiva como una medida rutinaria y no excepcional. En ocasiones, jueces y fiscales mantuvieron la detención y los cargos penales basándose en pruebas que no indicaban actos delictivos ni demostraban la participación de la persona. En algunos casos, los jueces dieron apariencia de legalidad a las detenciones ilegales emitiendo órdenes de arresto con carácter retroactivo, que abarcaban periodos durante los cuales los detenidos y las detenidas padecían torturas y violencia sexual, se les impedía comunicarse con sus familiares o su defensa, y quedaban fuera de la protección de la ley.
Los fiscales presentaron evidencia contaminada, que a su vez fueron admitidas por jueces como prueba contra las personas acusadas. En algunos de los casos examinados, los jueces tampoco protegieron a las víctimas de la tortura al ordenar que regresaran a los lugares de detención donde supuestamente se había producido la tortura. Ello a pesar de haber oído a las víctimas, que a veces presentaban lesiones visibles compatibles con la tortura, hacer la denuncia ante el tribunal.
Asimismo, la misión encontró motivos razonables para creer que actores políticos venezolanos de alto nivel han ejercido una influencia significativa sobre el sistema de justicia. Fuentes del Poder Judicial informaron que los jueces de todos los niveles reciben habitualmente órdenes sobre cómo decidir las sentencias, a veces procedentes directamente de altas esferas del Gobierno y canalizadas a través de la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
