“Aún queda mucho por hacer” en materia de DD.HH, dijo Bachelet

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, manifestó que desde septiembre hasta la fecha su oficina en Caracas documentó 93 incidentes relacionados con restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela, incluyendo criminalización y estigmatización de activistas y medios de comunicación.

“Sigo preocupada por los enjuiciamientos de miembros de la ONG de derechos humanos FundaRedes. Su director, Javier Tarazona, sigue detenidoy su salud parece deteriorarse”, comentó Bachelet el jueves al presentar la actualización oral del informe sobre la situación de los DDHH en Venezuela.

Bachelet ratificó que su oficina continúa evidenciando “desafíos” al debido proceso judicial, incluyendo el derecho a la libertad y a juicios sin demoras en Venezuela.

De los casos decididos por el Grupo de Trabajo Sobre Detenciones Arbitrarias, 12 personas siguen detenidas. Reiteró que todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser puestas en libertad y deben respetarse las garantías al debido proceso”, dijo.

La Alta Comisionada al instar con vehemencia a las autoridades a construir un “entorno seguro e inclusivo” para todos los venezolanos, resaltó que, desde septiembre, su oficina ha documentado el cierre de ocho estaciones y programas de radio, presuntamente por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), instancia del Estado que regula el área.

“Además se ha bloqueado el acceso a los sitios web de al menos siete medios de comunicación. El pueblo de Venezuela tiene derecho a fuentes de información independientes y las libertades de los medios de comunicación deben ser protegidas”. Esto lo dijo al expuner su preocupación por la falta de disponibilidad de información pública.

Bachelet calificó como “pasos en la dirección correcta”, que agentes del Estado hayan sido condenados por al menos tres “casos emblemáticos”, pero, advirtió “que aun queda mucho por hacer”.

Agregó que, “La reforma del sistema de justicia y la reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), son pasos prometedores. En particular la prohibición del enjuiciamiento de civiles por tribunales militares, así como las medidas para hacer frente al hacinamiento en los centros de detención preventiva y disolver las Fuerzas de Acciones Especiales”.

La representante de la ONU en materia de derechos humanos, aseguró que están dispuetos para prestar asistencia técnica y “animar a la comunidad internacional a que facilite las condición es propicias para alcanzar y aplixar acuerdos significativos”.

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