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Este 5 de abril de 2022, familiares y abogados de ciudadanos presos políticos militares y civiles, protestaron en las afueras del Palacio de Justicia en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, donde entre otros procesos, se lleva cabo el juicio contras las personas supuestamente involucradas en el asalto al Fuerte Paramacay, ubicado en la misma entidad del centro de Venezuela.
La razón de la protesta, es que los ciudadanos que quieren presenciar el debate oral y público dentro del juzgado tercero de juicio, no pueden hacerlo porque se les niega el acceso. Esta prohibición es contraria al Código Orgánico Procesal Penal (COPP) en su artículo 15, el cual establece el Principio de Publicidad, “El juicio oral tendrá lugar en forma pública”, dice el COPP.
Además, el artículo 3 de dicha normativa, indica que las personas pueden y deben formar parte de proceso penal en aras de la lograr la mayor transparencia posible. “Los ciudadanos participaran en la administración de justicia penal”, conforme en lo previsto en el COPP.
“Entre esos mecanismos de participación ciudadana está, que se les permita el ingreso a los familiares y otras personas a las audiencias, para que se pueda ejercer contraloría social y pasivo del proceso judicial, esto se sostiene por el principio de publicidad que está establecido en el Código Orgánico Procesal Penal”, aseguró el abogado Kelvi Zambrano, miembro de la Coalición, quien estuvo presente en este llamado de atención de los afectados por la exclusión.
