La Coalición DDHH La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia
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El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización Naciones Unidas (ONU), emitió resolución sobre algunos presos políticos militares en Venezuela, Abrahan Suárez Ramos, Carlos Gustavo Macsotay quienes son defendidos por abogados de nuestra ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Luis De La Sotta, Ruperto Molina, Adrián de Gouveia, Ricardo González y Elías Noriega, detenidos desde el año 2018 violando el debido proceso.
Según el informe, El Mayor Abraham Suárez fue detenido mientras dormía en habitación del recinto militar donde estaba destacado, y fue su comandante quien llevó a efectivos de la Dirección General de Contraintelugencia Militar (Dgcim) hasta este lugar. Se lo llevaron esposado, con violencia, encapuchado, hacia la sede de la Dgcim en Boleita, Caracas el 2 de mayo de 2018.
Tal y como quedó registrado en el informe, desde Fuerte Tiuna hasta Boleita fue golpeado por los funcionarios dentro del vehículo. El mayor Suárez fue informado posteriormente por qué lo estaban arrestando. Funcionarios de la Dgcim le dijeron que estaba involucrado en un golpe de Estado después las elecciones de 2018. EL grupo de trabajo conoció que el tribunal de control militar emitió la orden de aprehensión con fecha posterior a la detención.
El 28 de mayo de 2018, nueve días después de su arresto, el Mayor Suárez fue presentado en tribunales militares, con la misma ropa que tenía el día de la aprehensión y visiblemente golpeado, torturado. Este grupo de la Naciones Unidas pudo conocer que Suárez fue colgado con las manos hacia arriba esposado y, recibió múltiples golpes en las costillas, espalda y testículos. “El lugar tenía luz blanca y música ruidosa para hogar sus gritos”, dice el informe.
“Durante 8 días estuvo esposado, provocando lesiones en sus manos. Hacía sus necesidades encima, no le permitían el baño. Al quinto día le permitieron una llamada de un minuto, supervisada, para que dijera a sus familiares que estaba detenido y que lo presentarían en tribunales”. El abogado de la Coalición que representa al Mayor Suárez nunca tuvo acceso al expediente antes de la audiencia.
Vale mencionar que aunque la defensa del Mayor Suárez presentó un acta denunciando las torturas sufridas por el militar, “la jueza dijo que no era competente”, sin embargo, recibió la comunicación. Suárez fue imputado solo con un informe de la Dgcim, sin más pruebas.
En el caso del capitán Carlos Gustavo Macsotay, fue detenido el 17 de mayo de 2018 cuando estaba en una reunión en el Comando Estratégico Operacional (CEOFAN) en el Ministerio de la Defensa, por funcionarios de la Dgcim, sin orden de aprehensión y sin derecho a un abogado, dice el informe. La orden de aprehensión apareció en el expediente el 22 de mayo de 2018, cinco días después de la detención. Las torturas también fueron denunciadas, aunque ignoradas por la fiscalía y el tribunal.
“Los actos de tortura, traros crueles, e inhumanos como asfixia mecánica, golpes, patadas, descargas eléctricas, confinamiento y aislamiento en celda de 2×2 metros cuadrados con la puerta cerrada todo el día, sin baño durante cinco meses, fueron denunciados e ignorados por la Jueza y la Fiscal Militar”, reza el documento oficial.
Lo único que presentó la Fiscalía Militar, para mantener privado de libertad al capitán, fue el testimonio de un desertor.
El 11 de mayo de 21 el grupo de trabajo solicitó infirmación al gobierno de Venezuela. Este solicitó una prórroga que fue concedida y respondió el 10 de junio de 2021. Respondió que los militares activos estaban privados de su libertad por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de: Traición a la Patria, Instigación a la Rebelión y Contra el Decoro Militar, previstos y sancionados en el ordenamiento jurídico venezolano; dentro de la acción militar denominada “Operación Armagedón” orientada a evitar el libre desarrollo de las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018.
Asimismo, El Gobierno insistió al Grupo de Trabajo que la aprehensión de los oficiales fue solicitada por escritos en fecha 19 de mayo de 2018, emitidas por la Fiscalía Militar ante el Tribunal Militar 1ero de Control de Caracas por la presunta comisión de los delitos militares mencionados. También afirmó que, los acusados han permanecido privados de libertad en las instalaciones de la cárcel de Ramo Verde, en el estado Miranda, estando su situación ajustada a lo establecido en las normas internacionales, “incluyendo el acceso a instalaciones sanitarias como se ha comprobado en las visitas de los oficiales de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, acreditados en Venezuela, con quienes se han entrevistado de manera confidencial”, dice el informe.
Por su parte, el grupo de trabajo de la ONU hizo las siguientes observaciones:
“Este es uno de varios casos presentados ante el Grupo de Trabajo en los últimos años en relación con la detención arbitraria en la República Bolivariana de Venezuela. A juicio de esta instancia internacional, esto equivale a una práctica sistemática de privar a las personas de su libertad sin respetar los derechos consagrados en el derecho internacional. El encarcelamiento generalizado o sistemático u otra privación grave de libertad en violación de las normas del derecho internacional, pueden constituir crímenes de lesa humanidad”.
“El Gobierno de Venezuela debería considerar favorablemente invitar al Grupo de Trabajo para que lleve a cabo una visita oficial al país. Dichas visitas son una oportunidad para que el Grupo de Trabajo entable un diálogo constructivo directo con el Gobierno de Venezuela”.
Después de conocer de diferentes fuentes estos relatos de detenciones arbitrarias, torturas y otras violaciones a los derechos humanos en Venezuela, El Grupo de Trabajo Sobre Detenciones Arbitrarias consideró que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, lo que debería suceder es que los señores Luis Humberto de la Sotta Quiroga, Ruperto Molina Ramírez, Abraham Américo Suarez Ramos, Adrián Leonardo de Gouveia de Sosa Ricardo Efraín González Torres, Carlos Gustavo Macsotay Rauseo y Elías José Noriega Manrique sean puestos inmediatamente en libertad.
El Grupo de Trabajo instó al Gobierno a garantizar una investigación completa e independiente de las circunstancias que rodearon la detención arbitraria de estos militares. De igual forma, remitió este caso a: Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; para que procedan a tomar las medidas correspondientes.
